Una serie de diferencias internas dentro del conglomerado opositor impide, por el momento, que se pueda pedir la convocatoria a una sesión especial para debatir la nueva ley de alquileres en el recinto, objetivo que algunos aspiraban a realizar el jueves de la próxima semana. Desde el socialismo, el Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro no están del todo convencidos con el plazo de tres meses fijado en ese dictamen como plazo mínimo para actualizar el valor de los alquileres, aspiraban a que como mínimo fuera a los seis meses. En la legislación vigente es a partir del año. Como contrapartida, una quincena de Diputados del PRO se plantó en que no aceptará que el margen sea mayor a los tres meses. Su objetivo original era que no hubiera lapso de tiempo para avanzar con los reajustes, amén de que la mayoría de ellos bregaban por la derogación lisa y llana de la norma aprobada en 2020. Con este panorama, y a la espera de un nuevo acuerdo entre opositores, quedó abortada, por ahora, la intención de algunos de los bloques de convocar a una sesión especial para debatir el tema el jueves de la próxima semana a las 10.30. Ayer, un plenario de comisiones emitió dos dictámenes para reformar la ley, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes. La decisión se adoptó esta tarde de jueves en una reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que conducen Cecilia Moreau y Carlos Heller. El despacho del oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría -impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas- recibió el respaldo de 39 diputados. Más allá de tener más firmas en los dictámenes, la unión de fuerzas opositoras y la concurrencia en el recinto de los bloques que no tienen representación en las comisiones, muestra un escenario en el cual los aliados impondrían en el plenario su número por sobre el del FdT. A lo largo del debate del miércoles, desde el oficialismo se insistió en que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta de alquileres. Desde la oposición, por su parte, dijeron que su propuesta apunta a eliminar una fuerte regulación que a su juicio generó que se hayan retirado del mercado propiedades en alquiler, si bien todos coincidieron en que el principal problema es el aumento de la inflación. A lo largo del tratamiento el FdT defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo. El oficialismo además impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos. También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones. Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año, el mencionado punto en cuestión. Los bloques opositores también proponen como los oficialistas beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones. Además impulsan que no se pague el impuesto a los débitos bancarios en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias, utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación".