Un año y medio de diferencias entre los gobiernos de Argentina y Paraguay por el cobro de peaje en la hidrovía podría llegar a su fin en julio. Las delegaciones diplomáticas que negocian el conflicto, se reunirán la semana venidera en Asunción, mientras se celebra la 54ª asamblea de la OEA en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL. Asimismo, trascendió que ambos gobiernos prevén ratificar los acuerdos alcanzados en las negociaciones que desarrollan desde la asunción de Javier Milei en la Cumbre del MERCOSUR que se celebrará en la capital paraguaya el 4 de julio. El Gobierno paraguayo planteó sus reclamos por el cobro de una tasa a las embarcaciones con la bandera tricolor por el uso de la hidrovía Paraná-Paraguay, sobre todo en el tramo entre Santa Fe y Rosario, que argumentaron era contrario al espíritu de los tratados de integración del MERCOSUR. De acuerdo a lo que publicó el sitio web lapoliticaonline.com, en el encuentro que desarrollarán ambas delegaciones en el ambiente futbolero de la CONMEBOL trabajarán para "afinar los números", ya que luego de más de 18 meses de rechazo de los términos, el Gobierno paraguayo manifestó su voluntad de pago y la administración argentina dijo que actualmente no hay voluntad de interdictar salidas de buques guaraníes de parte de la Administración General de Puertos (AGP). En una reunión anterior desarrollada el 3 de abril, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano señaló que habían recibido "una propuesta de Argentina que tiene pendiente el cierre de los diferentes aspectos del cobro". En esa oportunidad, el jefe de la diplomacia asuncena dijo: "No nos oponemos al peaje". En medio de esas idas y vueltas, la administración que encabeza el presidente del vecino país, Santiago Peña, esperaba un gesto de Javier Milei, pero la titular del Ministerio de Relaciones exteriores argentina, Diana Mondino, confirmó que Paraguay tenía que "pagar por el servicio". En ese encuentro, celebrado para avanzar en las negociaciones, el canciller paraguayo Ramírez Lezcano declaró el 3 de abril: "Paraguay no se opone ni se opuso al pago del peaje". Y aseveró que el planteo de su Gobierno es que "haya un pleno cumplimiento del Tratado de la hidrovía Paraná-Paraguay, que en sus artículos 8 y 9 establecen que para un pago de peaje tiene que haber un consenso de los cinco países parte y ser consecuentes con una prestación de servicios". Vale consignar que con la llegada de Milei a la Presidencia hubo una disminución de la tensión generada por el conflicto iniciado durante la gestión de Alberto Fernández que dispuso el cobro del peaje y se inició un diálogo que puede llegar a buen puerto en la cumbre del MERCOSUR. La tarifa actual de la tasa es de 1,40 dólares por tonelada de carga para los buques paraguayos, valor que los armadores instalados en el vecino país consideran excesivo y propusieron pagar una cifra menor, que es lo que se negocia en un "acuerdo entre privados" que la canciller Diana Mondino llevó a Brasilia para obtener la homologación del Gobierno brasileño. Los paraguayos aceptan pagar una tarifa intermedia, pero piden que el Gobierno de Milei cancele todas las facturas que estaban acumulándose para que hubiera un borrón y cuenta nueva en la gestión de la navegación en el viaducto fluvial. En este contexto, el objetivo es que Brasil le termine de dar luz verde a ese acuerdo entre privados. Otro punto que remarcan desde Argentina es que la tarifa "la estipulan ellos", es decir no hay consenso porque "es una cuestión de soberanía". Nación prepara licitación del dragado El Gobierno Nacional analiza intervenir directamente en el proceso de licitación del mantenimiento de la hidrovía. La herramienta elegida es un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual dejará en manos del Ministerio de Economía el proceso de concesión de esos trabajos, actualmente a cargo de la Administración General de Puertos con supervisión del Consejo Federal de la Hidrovía. El primer paso que se propone en el proyecto de DNU es derogar el Consejo Federal, lo que dejaría afuera de la discusión de las políticas sobre la principal vía fluvial del cono sur a las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Buenos Aires. Con la implementación de esa norma, el presidente Javier Milei daría de baja las políticas diseñadas por la administración de Alberto Fernández y en simultáneo avanza en el modelo de licitación de los años 90 que le entregó el dragado de los ríos a una empresa privada, Jan de Nul, sin prever mecanismos de control estatal. La diferencia de la iniciativa presidencial sería que esta vez la empresa que podría asumir la concesión de las obras de mantenimiento y servicios en la hidrovía sería el consorcio neerlandés Boskalis Dredging International, una empresa vinculada a la reina Máxima Zorreguieta, con excelentes relaciones con Mauricio Macri y el dueño de Aeropuertos 2000, Eduardo Eurnekián. La derogación del Consejo Federal de la hidrovía afectará a los gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Gustavo Valdés, de Corrientes, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quienes forman parte del pelotón de mandatarios provinciales dialoguistas que permitieron la sanción de la Ley Bases en el Senado y apoyan en la Cámara de Diputados.